Trinidad y Tobago concluye el estado de emergencia y proyecta un marco legal permanente contra la delincuencia
El Gobierno de Trinidad y Tobago ha dado por finalizado el estado de emergencia que otorgaba facultades extraordinarias a las autoridades para combatir la criminalidad, incluidas las detenciones sin formulación de cargos. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, informó ante el Parlamento que el Ejecutivo no solicitará una nueva prórroga de esta medida excepcional y buscará implementar en su lugar una legislación de carácter permanente.
A través de una publicación en redes sociales, la jefa de Gobierno detalló que la ley propuesta establecerá una estructura legal fija para ejecutar operaciones focalizadas contra el crimen violento, las pandillas, el tráfico de armas ilegales y las redes financieras del crimen organizado. Según Persad-Bissessar, el nuevo texto legal incorporará mecanismos de supervisión judicial, rendición de cuentas ante el Parlamento y salvaguardias para la ciudadanía.
Las medidas de excepción, decretadas originalmente en 2024 y reeditadas en 2025 con varias extensiones, generaron cuestionamientos por parte de sectores que denunciaron la suspensión de libertades civiles y la aplicación de arrestos masivos. Datos oficiales indican que más de 5.800 personas han sido arrestadas desde la prórroga aprobada en marzo pasado. De ese grupo, cerca de 2.250 personas continúan retenidas sin haber recibido cargos formales. Entre las detenciones efectuadas bajo esta norma figuró la de un reconocido empresario y su esposa por una presunta implicación en un plan para asesinar a la primera ministra, quienes posteriormente fueron puestos en libertad sin acusaciones en su contra.
Cuestionamientos legales y cifras de homicidios
Ante el fin de la medida, el abogado Criston Williams señaló a la agencia Associated Press que anticipa la presentación de acciones judiciales contra el Estado por parte de ciudadanos retenidos sin cargos. Asimismo, el jurista solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para examinar posibles abusos de autoridad durante el periodo de excepción.
Williams denunció irregularidades en el trato a los prisioneros y severas restricciones al secreto profesional entre abogados y clientes. Según su testimonio, los detenidos eran trasladados encadenados, con los ojos vendados y cubiertos con mochilas, mientras que las reuniones de asistencia legal se llevaban a cabo en presencia de agentes armados y bajo videovigilancia.
En el ámbito de la seguridad pública, los registros de la policía del país caribeño —que cuenta con una población aproximada de 1,4 millones de habitantes— reflejan un máximo histórico de 624 homicidios en 2024. Esta cifra descendió a 369 casos en 2025. Respecto al año en curso, las autoridades policiales señalan que se han contabilizado 255 asesinatos, en comparación con los 268 registrados durante el mismo periodo del año anterior.
