Durante una audiencia judicial, el abogado Theodore Boutrous, en representación de un grupo de medios de comunicación, acusó a la Casa Blanca de fabricar un argumento de seguridad nacional para tomar represalias contra organizaciones de noticias críticas con la administración del presidente Donald Trump. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió la revocación de pases de prensa alegando que el acceso al complejo presidencial no constituye un derecho.
Argumentos legales sobre seguridad nacional y libertad de prensa
En la sesión judicial, Theodore Boutrous sostuvo que la Casa Blanca argumenta esencialmente que los periodistas no deberían examinar asuntos de seguridad nacional ni las decisiones del Gobierno. El letrado destacó que el mandatario estadounidense no invocó motivos de seguridad nacional cuando ordenó la prohibición inicial en una publicación en Truth Social el viernes anterior, sino que esa justificación fue añadida con posterioridad.
Según la defensa de los medios, el uso de la seguridad nacional por parte del Ejecutivo constituye un pretexto infundado para justificar una violación del debido proceso y una discriminación explícita basada en la postura editorial de las publicaciones. Ante esto, Boutrous solicitó una resolución rápida del caso debido a la urgencia de dar cobertura a acontecimientos de relevancia global, entre los que citó la guerra en Irán, la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la visita del presidente chino Xi Jinping a Estados Unidos y el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial.
Por otro lado, el abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik, abrió su intervención ante el tribunal afirmando que el acceso a la Casa Blanca es un privilegio y no un derecho. La representación gubernamental aseveró que las organizaciones de noticias afectadas publicaron información capaz de perjudicar la seguridad nacional, una afirmación que fue rechazada por la defensa de los medios.
En documentos judiciales presentados antes de la audiencia, el Departamento de Justicia detalló una serie de incidentes periodísticos con los que pretende justificar la suspensión de las credenciales. Entre los reportajes señalados figuran artículos sobre obras de construcción en la Casa Blanca —específicamente sobre un búnker de seguridad y un nuevo salón de baile—, así como una cobertura referida a una investigación interna sobre filtraciones de información.
Protestas del sector y medidas de la Casa Blanca
Las tres organizaciones periodísticas demandantes sostienen que la retirada de sus credenciales vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe al Gobierno coartar la libertad de prensa. En una declaración conjunta, las empresas señalaron que sus periodistas fueron despojados de sus pases sin notificación previa ni procedimiento formal debido a la disconformidad del Ejecutivo con sus reportajes, advirtiendo que la medida sienta un precedente perjudicial para el periodismo independiente.
La acción legal ha recibido el respaldo formal de 49 organizaciones de medios de comunicación, entre las que se incluyen CBS News, The New York Times y Fox News, las cuales presentaron un escrito de apoyo ante el tribunal.
En protesta por la decisión de la Casa Blanca, las principales cadenas de televisión resolvieron retirarse del sistema de distribución compartida de imágenes e información del presidente, conocido como el pool. Como respuesta a este boicot, la administración presidencial lanzó su propio canal de transmisión continua en línea, denominado Trump TV, el cual emite un flujo de imágenes y videos del mandatario las 24 horas del día.
