La reforma a la Ley de Inversión Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2026 y vigente desde el 20 de noviembre, crea en México un filtro de seguridad nacional para la compra de empresas por capital extranjero. Si un inversionista foráneo quiere quedarse con más del 49% de una compañía mexicana que opera en un sector sensible y supera cierto tamaño, antes necesitará el visto bueno de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), que podrá aprobar, condicionar o frenar la operación.
No se trata de una prohibición general a la inversión extranjera, y el decreto no distingue por país de origen. Pero sí cambia los tiempos y los riesgos de las fusiones y adquisiciones en energía, tecnología, datos y otras actividades estratégicas, y deja pendiente una pieza clave: el tamaño de empresa a partir del cual la revisión será obligatoria.
¿Qué cambia con la reforma a la Ley de Inversión Extranjera?
La versión anterior de la ley ya permitía a la CNIE impedir compras extranjeras por motivos de seguridad nacional mediante su artículo 30, pero sin un procedimiento desarrollado. El decreto deroga ese artículo y añade un título completo dedicado a esta revisión, con plazos, sanciones y nuevas dependencias en la toma de decisiones.
La revisión obligatoria se activa solo cuando coinciden tres condiciones:
- El inversionista extranjero alcanzaría, de forma directa o indirecta, más del 49% del capital social de una sociedad mexicana.
- Los activos de esa empresa superan el monto que la CNIE fijará mediante una resolución general.
- La empresa realiza alguna de las actividades que la ley considera sensibles.
Si la participación extranjera supera el 49%, pero la empresa no rebasa el umbral de activos, presentar la solicitud es voluntario. Las sociedades que siguen con los mismos accionistas no tienen que hacer ningún trámite: el mecanismo se activa con una nueva adquisición, no de forma retroactiva.
¿Qué sectores quedan bajo el filtro de seguridad nacional?
El decreto agrupa las actividades sensibles en cuatro bloques:
- Infraestructura estratégica: energía, transporte, salud, comunicaciones, minería, procesamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, sector aeroespacial, defensa e instalaciones sensibles.
- Tecnologías críticas y de doble uso: inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, almacenamiento de energía, tecnología cuántica y nuclear, nanotecnología y biotecnología.
- Insumos fundamentales: energía, materias primas y seguridad alimentaria.
- Información sensible: empresas con acceso a datos personales o con capacidad de controlarlos.
Además, la CNIE podrá sumar actividades “análogas o similares” por resolución general, sin pasar por el Congreso. Los despachos que analizaron el texto señalan que esa cláusula abierta, junto con la falta de criterios concretos para definir qué es un riesgo, será una de las principales dudas para las empresas.
¿Quién decide y en cuánto tiempo?
La solicitud la presentan juntos la empresa mexicana y el inversionista extranjero ante la Secretaría Técnica de la CNIE. La comisión tiene 45 días hábiles para resolver y puede tomar tres caminos: declarar viable la compra, condicionarla a cambios que reduzcan el riesgo o impedirla.
A diferencia del trámite ordinario, aquí el silencio no equivale a una aprobación: si la CNIE no responde a tiempo, la operación no se considera autorizada. Las resoluciones favorables pueden imponer obligaciones posteriores, como reportes periódicos.
La reforma también cambia quién vota. Se incorporan a la CNIE las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En las sesiones sobre seguridad nacional participan con voz, pero sin voto, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Los integrantes no podrán abstenerse y la comisión deberá informar al Congreso cada seis meses.
¿Qué multas y sanciones prevé la ley?
Transferir acciones a un inversionista extranjero sin la autorización exigida, o pese a una negativa, se castiga con una multa de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con la UMA de 2026, de 117.31 pesos, el rango va de unos 586 mil pesos a cerca de 23.5 millones de pesos. El mismo rango aplica a quien incumpla las medidas de mitigación ordenadas por la CNIE.
La comisión también podrá ordenar la desinversión. En ese caso, el inversionista tendrá 90 días hábiles, prorrogables una sola vez por un periodo igual, para deshacerse de lo adquirido. Las sanciones pueden alcanzar a la empresa mexicana, no solo al comprador.
¿Qué falta por definir y qué significa para México?
La pieza pendiente es el umbral de activos. El decreto da a la CNIE 180 días naturales para publicarlo, con fecha límite el 18 de mayo de 2027. Mientras no exista, no se puede saber con certeza qué operaciones están obligadas a la revisión, por lo que los abogados recomiendan valorar caso por caso la notificación voluntaria en los sectores incluidos.
Los trámites que ya estaban en curso antes del 20 de noviembre seguirán con las reglas anteriores. Sin embargo, el decreto no aclara qué ocurre con compras firmadas que todavía no se cierran. Patricio Martínez, socio de Pérez-Llorca, advirtió a Expansión que esa indefinición es un riesgo para acuerdos pactados hace meses.
Los especialistas coinciden en que el mecanismo acerca a México a esquemas como el del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS) y el marco de la Unión Europea, aunque con umbrales y plazos propios. Llega, además, mientras el país negocia con Washington un acuerdo comercial para reducir aranceles y tras las amenazas de nuevos aranceles de Trump. Para la mayoría de las empresas y los consumidores no hay cambios inmediatos: el efecto se concentrará en grandes compras corporativas en sectores estratégicos.
Claves
- Publicación en el DOF: 19 de noviembre de 2026; vigencia: 20 de noviembre de 2026.
- Aplica a compras de más del 49% de empresas mexicanas en sectores sensibles que superen un umbral de activos aún pendiente.
- La CNIE resuelve en 45 días hábiles y su silencio no implica aprobación.
- Multas de 5,000 a 200,000 UMA y posible desinversión en 90 días hábiles.
- El umbral debe publicarse a más tardar el 18 de mayo de 2027.
Preguntas frecuentes
¿La reforma prohíbe la inversión extranjera en México?
No. Crea una revisión previa solo para ciertas adquisiciones de control en sectores sensibles. La mayoría de las inversiones extranjeras siguen sin este trámite.
¿Afecta a inversionistas de un país en particular?
No. El decreto no establece restricciones por país de origen; lo que cuenta es el porcentaje adquirido, el tamaño de la empresa y su actividad.
¿Desde cuándo es obligatoria la revisión?
La ley rige desde el 20 de noviembre de 2026, pero el alcance del supuesto obligatorio dependerá del umbral de activos que la CNIE publique a más tardar el 18 de mayo de 2027.