Ministros israelíes abogan por la expulsión de palestinos de Gaza en medio de crecientes ataques y demoliciones
Dirigentes de la extrema derecha del Gobierno israelí han intensificado sus propuestas para la expulsión masiva de la población palestina de la Franja de Gaza, planteando plazos y mecanismos estatales para ejecutar traslados forzosos. Esta ofensiva política coincide con la continuación de bombardeos, operaciones militares, demoliciones de viviendas y violencia ejercida por colonos tanto en el territorio gazarra como en la Cisjordania ocupada.
Planes de traslado y postura de la comunidad internacional
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó en una conferencia que la remoción de los palestinos de Gaza constituye “la única solución” y aseguró que su país está preparado para llevarla a cabo por vía marítima, aérea o por cualquier medio posible. Katz sostuvo además que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, únicamente ha “congelado” y no cancelado su respaldo a esta idea.
Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, presentó un plan de siete años denominado “Desconexión 710” con el objetivo de desplazar a los cerca de dos millones de habitantes de Gaza mediante lo que calificó de “emigración voluntaria”. Ben-Gvir añadió que, en caso de ser reelegido, creará un Ministerio de Migración para coordinar las expulsiones.
En respuesta a estas declaraciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó que no apoya ningún plan o propuesta enfocado en el desplazamiento forzado, la expulsión o la transferencia obligatoria de la población de Gaza, aunque se abstuvo de condenar directamente a los ministros Katz o Ben-Gvir.
Incremento de víctimas mortales y colapso sanitario en Gaza
Mientras se difunden estas propuestas, la ofensiva militar en Gaza continúa dejando víctimas fatales. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad palestino, la cifra total de fallecidos desde octubre de 2023 se eleva a 73.658 personas y los heridos alcanzan los 174.622, tras incorporarse 160 decesos certificados recientemente. Más de 1.340 de estas muertes han ocurrido desde el “alto el fuego” entre Israel y Hamás acordado en octubre de 2025.
Entre los ataques recientes, una incursión de fuerzas especiales israelíes cerca del hospital estadounidense de la ciudad de Gaza mató al menos a cuatro palestinos —incluidos dos niños y una mujer— y derivó en la captura de Moin al-Arabeed, presentado por Israel como el jefe de la seguridad interna de Hamás. En otros episodios, bombardeos con drones e impactos de artillería provocaron muertos en Jan Yunis, el campamento de Jabalia, Beit Lahia y el barrio de Remal. En Deir el-Balah, la artillería atacó una escuela que servía de refugio a personas desplazadas, provocando la muerte de Saadi Ghalia, de tres años, mientras que en la ciudad de Gaza un ataque contra un vehículo mató a Youssef Akila y a su pequeña hija Wafaa.
En el barrio de Zeitoun, las familias enterraron los restos de aproximadamente 100 personas recuperadas de los escombros, entre las que se encontraban 60 niños, muchos de ellos pertenecientes a la familia Malaka. El jefe de la Defensa Civil de Gaza, Raed al-Dahshan, estimó que entre 10.000 y 14.000 personas siguen desaparecidas bajo las ruinas. Al-Dahshan advirtió que con la maquinaria pesada adecuada podrían recuperar unos 8.000 cuerpos en 90 días, pero que sin ese equipo la tarea se extenderá durante años.
A la par de la violencia armada, las condiciones sanitarias sufren un grave deterioro. La Organización Mundial de la Salud alertó que la contaminación del agua en Gaza casi se ha triplicado desde enero. La Autoridad Palestina del Agua informó además que las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales del enclave se encuentran fuera de servicio, lo que deriva en el vertido diario de unos 55.000 metros cúbicos de aguas servidas sin tratar.
Campaña de demoliciones y violencia en Cisjordania
En Cisjordania, la destrucción de infraestructuras y viviendas por parte de las fuerzas israelíes ha afectado a múltiples comunidades. En Khirbet al-Tabban, ubicada en Masafer Yatta, las autoridades destruyeron las 12 viviendas de la localidad, dejando sin hogar a 70 personas, entre ellas 30 niños. El presidente del concejo local, Nidal Younis, declaró que la acción equivale a “borrar la aldea de la faz de la tierra”, aunque confirmó que los habitantes planean reconstruirla.
Las demoliciones se extendieron también a Beit Ummar, donde se destruyeron cuatro pozos de agua e invernaderos con pérdidas calculadas en 60.000 dólares, así como a las localidades de Nahalin y al área de Jenin, donde el arrasamiento de cientos de árboles agrícolas respondió a órdenes militares. En Jerusalén Este ocupado, las autoridades derribaron un edificio de cuatro apartamentos en el barrio de Al-Bustan —la demolición número 60 en la zona desde octubre de 2023, según el representante comunitario Fakhri Abu Diab—, además de registrarse ejecuciones de demolición en Beit Hanina y Jabal al-Mukaber, y la muerte del ciudadano Ibrahim al-Hendi a manos de la policía tras un presunto intento de apuñalamiento.
Asimismo, la violencia protagonizada por colonos israelíes se intensificó en poblados como Al-Mughayyir, donde disparos realizados durante un despliegue militar con colonos causaron la muerte de Khalil Abu Alia, de 16 años, y de Mohammad Nassan, de 19. El ejército israelí adujo ante medios de comunicación que sus soldados intervinieron para “asegurar la recuperación de ganado” de civiles israelíes frente a un “disturbio violento”, mientras que testigos presenciales aseguraron que Nassan fue alcanzado por la espalda. Incursiones armadas de colonos dejaron también la muerte de Omar Tubasi, de 20 años, en Hajja, un menor herido en Umm al-Khair y situaciones de acoso e interrupción de suministros hídricos en Qusra y el valle del Jordán, en un contexto en el que el embajador estadounidense Mike Huckabee calificó la violencia de los colonos como “una forma de terrorismo”.
