Una jueza federal de EE. UU. abre una investigación sobre la actuación de abogados del Gobierno en un caso urbanístico en Washington

La jueza Ana Reyes, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, ha ordenado la apertura de una indagación formal para evaluar si los abogados del Gobierno estadounidense engañaron a la corte en relación con los planes para remodelar el East Potomac Golf Links, un histórico campo de golf público situado en Washington D. C.

En el marco de esta decisión, Reyes anunció la designación de un comisionado especial (special master) encargado de determinar si los representantes gubernamentales ocultaron información o formularon aseveraciones engañosas. La investigación no buscará establecer si existió una conducta indebida de carácter penal, sino precisar si las actuaciones de los letrados vulneraron sus obligaciones éticas o profesionales.

Declaraciones contradictorias sobre los planes del complejo

La iniciativa judicial surge tras una serie de pronunciamientos contrapuestos por parte de funcionarios de la administración sobre el futuro del recinto. Mientras el presidente Donald Trump anunció a través de su cuenta en la red social Truth Social que el recinto cerraría durante 15 meses a partir del 15 de noviembre para someterse a una profunda reestructuración, representantes del Departamento de Justicia, el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales habían afirmado con anterioridad ante la jueza que no podían confirmar la existencia o el alcance de proyecto alguno.

Durante una audiencia celebrada el viernes, Reyes interrogó durante más de dos horas al fiscal general adjunto Stanley Woodward Jr., confrontando sus testimonios con las publicaciones realizadas por el mandatario en Internet. La magistrada también le cuestionó si se le había dado instrucciones a un responsable del Servicio de Parques Nacionales para omitir información en una declaración presentada ante el tribunal.

El litigio se intensificó a principios de mes tras la tala de más de 400 árboles en el terreno, el cual alberga actualmente rutas peatonales y de ciclismo. A pesar de que la jueza había dictado previamente una orden exigiendo al Gobierno notificar con antelación cualquier obra de relevancia, tras el retiro de la vegetación amplió la medida cautelar para impedir que el Ejecutivo realice modificaciones “irreversibles” adicionales en el sitio.

Litigios sobre el control de terrenos públicos

El Departamento de Justicia informó al tribunal el pasado miércoles que el Servicio de Parques Nacionales entregaría este viernes una propuesta formal elaborada por el arquitecto de campos de golf Tom Fazio ante la Comisión de Planificación de la Capital Nacional. Antes de dicha notificación judicial, los abogados gubernamentales se habían negado a reconocer la existencia de planes urbanísticos para la zona, a pesar de que el presidente ya había publicado sobre el encargo a Fazio para construir un campo de golf de nivel internacional.

La demanda principal fue presentada en febrero por la organización DC Preservation League, entidad que sostiene que las obras planeadas podrían quebrantar las normativas de protección ambiental y deteriorar un espacio público de valor histórico.

El caso relativo al East Potomac Golf Links se suma a otro proceso paralelo en los tribunales sobre las iniciativas de remodelación en la capital estadounidense. En esa segunda causa, otro juez federal examina una impugnación contra el proyecto de la Casa Blanca para erigir un arco conmemorativo de 75 metros (250 pies) cerca del Cementerio Nacional de Arlington.

Respecto al alcance de estos litigios, David Super, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, señaló a la agencia de noticias Associated Press que estos casos ponen de manifiesto un cambio en la manera en que la administración afronta las restricciones legales sobre el poder ejecutivo, indicando que se ha pasado de asumir la obligación de actuar conforme a la ley a avanzar bajo la premisa de operar de forma unilateral si se contempla que la justicia federal no intervendrá para detener las acciones del Gobierno.