Una coalición integrada por propietarios de tierras, ganaderos, empresas y la organización sin fines de lucro Conserve Big Bend ha presentado una demanda contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener la construcción del muro fronterizo en la remota región de Big Bend, ubicada en el sur del estado de Texas.
La acción judicial fue entablada por la organización ambientalista junto a seis propietarios de terrenos locales, contando con el respaldo de decenas de residentes de la franja fronteriza. Los demandantes buscan frenar el avance de las obras impulsadas por el gobierno federal en la zona.
Durante una conferencia de prensa en la que se anunció el recurso legal, David Keller, arqueólogo, historiador especializado en la región y residente de Big Bend, afirmó que los funcionarios federales no estaban preparados para la respuesta de la comunidad al no comprender el apego de los habitantes por el territorio. Keller señaló que para los residentes la zona no constituye un espacio vacío en el mapa, sino su hogar.
Argumentos legales y datos de cruces fronterizos
Para justificar la edificación del muro y acelerar los trabajos, las autoridades federales han dejado sin efecto diversas normativas y estatutos de protección ambiental, arqueológica y de vida silvestre. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha argumentado que existe una necesidad urgente de resguardar la frontera en sectores catalogados como áreas de “alto ingreso ilegal”.
Sin embargo, la demanda sostiene que dicha clasificación no corresponde a la realidad geográfica y demográfica de Big Bend. Para respaldar esta afirmación, el recurso cita estadísticas históricas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés):
- La región de Big Bend abarca aproximadamente 805 kilómetros de frontera, lo que representa cerca de una cuarta parte de la longitud total del límite entre Estados Unidos y México.
- A pesar de su extensión, el área registró únicamente alrededor del 1 % de las detenciones fronterizas totales.
Un proyecto millonario y oposición regional
El litigio en Texas se produce en medio de un esfuerzo de la administración Trump, valorado en 46.000 millones de dólares, para desplegar barreras a lo largo de los casi 3.219 kilómetros de frontera. El plan gubernamental contempla la instalación de muros de bolardos de acero de 9 metros de altura, barreras para vehículos y sistemas tecnológicos de vigilancia orientados a contener a migrantes y contrabandistas.
En el estado de Texas, la iniciativa gubernamental ha enfrentado múltiples demandas judiciales y una oposición bipartidista que reúne a alguaciles, funcionarios electos, guías turísticos, grupos ecologistas y propietarios de terrenos.
La resistencia al proyecto fronterizo no se limita al territorio tejano. En el estado de Arizona, funcionarios federales continúan con la construcción de infraestructura fronteriza a pesar del rechazo de la Nación Tohono O’odham. Esta tribu indígena ha manifestado formalmente que no desea la edificación del muro en sus tierras ancestrales y considera que la barrera es innecesaria.
