El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de noviembre de 2026 declaró que Birmania (Myanmar) cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el estado de Rakáin. Es la primera vez que el máximo tribunal de la ONU concluye que un Estado cometió directamente ese crimen, y no solo que no lo impidió. La sentencia es definitiva, obliga a Birmania a reparar a las víctimas y sienta criterios que pesarán en otros casos, incluido el de Sudáfrica contra Israel, en el que participan varios países latinoamericanos.
¿Qué decidió la Corte Internacional de Justicia?
El caso lo presentó Gambia en noviembre de 2019, con respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica, y en el proceso intervinieron otros 11 Estados. Según la ONU, la corte concluyó que las fuerzas de seguridad birmanas mataron a miembros del grupo, les causaron graves daños físicos y mentales e impusieron medidas para impedir nacimientos, tres de los actos que define la Convención contra el Genocidio de 1948.
La conclusión principal se aprobó por nueve votos contra seis, de acuerdo con la agencia EFE. Los jueces descartaron que las operaciones se explicaran solo como una respuesta a ataques armados, un desplazamiento forzado o un castigo colectivo: consideraron que la única inferencia razonable era la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá del norte de Rakáin.
La corte también dio peso a la violencia sexual. Consideró probadas violaciones y restricciones a matrimonios y nacimientos, y sostuvo que esas políticas pueden constituir genocidio aunque no se demuestre que redujeron la natalidad. Además, determinó que Birmania incumplió una orden de 2020 que le exigía conservar las pruebas.
No todo lo pedido por Gambia prosperó. Los jueces no dieron por probado que Birmania impusiera condiciones de vida calculadas para destruir al grupo ni que incitara de forma directa y pública a cometer genocidio.
¿Qué tiene que hacer Birmania ahora?
La sentencia ordena a Birmania investigar, procesar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición y adoptar medidas de restitución. Entre ellas figuran permitir el regreso seguro, voluntario y digno de los desplazados, dentro o fuera del país, facilitar la reunificación de familias e indemnizar a las víctimas.
El monto y la forma de la compensación se definirán en una fase posterior. Para eso, Birmania debe presentar a la corte, en un plazo de dos años, un informe sobre las medidas adoptadas. El fallo no admite apelación.
Cumplirlo es otra cuestión. La CIJ no tiene policía propia y juzga a Estados, no a personas. Además, el general Min Aung Hlaing, que comandaba el Ejército en 2017, fue elegido presidente por el Parlamento birmano en abril de 2026, tras unas elecciones organizadas por la junta militar que la oposición y organizaciones como Amnistía Internacional consideran ilegítimas. Birmania había rechazado las acusaciones durante el juicio.
¿Por qué el caso conecta con Argentina?
El vínculo más directo con América Latina está en Buenos Aires. En noviembre de 2019, la organización Burmese Rohingya Organisation UK presentó una denuncia ante la justicia federal argentina invocando la jurisdicción universal, el principio que permite juzgar crímenes como el genocidio sin importar dónde se cometieron.
El 13 de febrero de 2025, la jueza María Servini dictó órdenes de detención contra 25 personas, entre ellas Min Aung Hlaing, según el Global Justice Center. Fue el primer caso de jurisdicción universal en el mundo sobre los crímenes contra los rohinyás.
Las dos vías son distintas pero se complementan. La CIJ establece la responsabilidad del Estado; el juzgado argentino y la Corte Penal Internacional, cuya Fiscalía pidió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Min Aung Hlaing, buscan responsabilidades penales individuales. Una sentencia internacional que reconoce el genocidio refuerza el contexto de esas causas, aunque no las resuelve por sí sola.
¿Qué significa para América Latina y el caso de Gaza?
El fallo llega mientras la CIJ tramita la demanda de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio en Gaza, presentada en diciembre de 2023. Israel rechaza esas acusaciones. El jurista Reed Brody, citado por EFE, y Amnistía Internacional coinciden en que el punto más relevante para ese proceso es que la corte aceptó que la intención genocida puede coexistir con objetivos militares o de lucha contra grupos armados. Con todo, cada caso se decide según sus propias pruebas.
Varios gobiernos de la región pidieron intervenir en ese litigio, entre ellos México, Chile, Bolivia y Cuba. Colombia lo había hecho el 5 de abril de 2024, pero el gobierno de Abelardo de la Espriella retiró esa intervención el 18 de septiembre de 2026, y la corte lo confirmó el 22 de septiembre.
Hay además una lección de fondo para la región: un país pequeño sin relación directa con las víctimas, como Gambia, logró llevar el caso hasta una condena. La corte reconoció su derecho a reclamar reparaciones en nombre del interés común de todos los Estados parte de la Convención. Para América Latina, donde se discute el papel de la región en la ONU, como muestra el debate sobre el próximo secretario general, el precedente amplía lo que cualquier Estado puede hacer ante crímenes masivos. También pesa en la relación de la región con Asia, un eje que se vio en la cumbre APEC de Shenzhen.
Claves
- Fecha: 19 de noviembre de 2026, en La Haya.
- Decisión: Birmania cometió genocidio contra los rohinyás en 2017; primera condena de este tipo contra un Estado.
- Votación: nueve votos contra seis en la conclusión principal.
- Órdenes: investigar y castigar, permitir el retorno de desplazados, reparar e indemnizar; informe en dos años.
- Argentina: la justicia federal ordenó en 2025 la detención de Min Aung Hlaing por jurisdicción universal.
Preguntas frecuentes
¿La CIJ puede detener a Min Aung Hlaing?
No. La Corte Internacional de Justicia resuelve disputas entre Estados y no juzga a personas. Las causas penales individuales corresponden a la Corte Penal Internacional o a tribunales nacionales, como el argentino.
¿Cuántos rohinyás huyeron en 2017?
Alrededor de 700.000 personas cruzaron a Bangladés durante las operaciones militares de 2017, según la ONU. Amnistía Internacional estima que hoy viven en ese país unos 1,3 millones de refugiados rohinyás.
¿El fallo decide el caso de Sudáfrica contra Israel?
No. Fija criterios jurídicos que pueden invocarse, pero cada proceso se resuelve de forma independiente y con sus propias pruebas.
Fuentes
- Noticias ONU: la Corte Internacional de Justicia declara a Myanmar culpable de genocidio contra los rohinyás
- EFE (vía Infobae): claves del fallo de la CIJ sobre Birmania
- Amnistía Internacional Chile: reacción a la sentencia
- Global Justice Center: el caso de jurisdicción universal en Argentina
- Cancillería de Colombia: retiro de la intervención en el caso Sudáfrica contra Israel