Estados Unidos y Belice han firmado un acuerdo de inmigración de “tercer país seguro”, que permitirá a la empresa del presidente Donald Trump trasladar a solicitantes de orfelinato al país centroamericano.
El acuerdo marca el postrer esfuerzo de la empresa Trump para impedir las solicitudes de orfelinato en Estados Unidos y sufrir a promontorio una campaña de deportación masiva.
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Los dos países firmaron el acuerdo el lunes y Belice lo calificó de acto “.fundamentado en el compromiso de los estados para cooperar bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951”.
en un enunciación Publicado en Facebook, la oficina de prensa de su gobierno escribió: “El Acuerdo refuerza el compromiso de Belice con el derecho internacional y los principios humanitarios al tiempo que garantiza sólidas salvaguardias nacionales”.
Mientras tanto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Área de Estado de Estados Unidos agradeció a Belice en una publicación en X.
El trato, decía, era “un hito importante para poner fin a la inmigración ilegal, poner fin al desmán del sistema de orfelinato de nuestra nación y acrecentar nuestro compromiso compartido para acometer juntos los desafíos en nuestro hemisferio”.
Los acuerdos de “tercer país seguro” son una táctica controvertida utilizada para restringir las solicitudes de orfelinato: identifican países a los que los solicitantes de orfelinato pueden ser expulsados de forma segura, independientemente de si ese es su destino previsto.
Los detalles del acuerdo del lunes aún no están claros. Pero el país centroamericano indicó que recibiría a solicitantes de orfelinato estadounidenses a cambio de “cooperación financiera y técnica para mejorar las políticas de orfelinato y diligencia de fronteras de Belice”.
Críticas a las deportaciones de terceros
Desde que Trump regresó al poder para un segundo mandato en enero, su empresa ha presionado repetidamente a terceros países para que acepten deportaciones, aunque pocos de esos acuerdos han sido denominados acuerdos de “terceros países seguros”.
Desde entonces, casi una docena de países (incluidos Costa Rica, El Salvador, Eswatini, México, Panamá, Ruanda, Sudán del Sur y Uganda) han resuelto acoger a deportados estadounidenses sin vínculos existentes con sus naciones.
Sólo este mes, Guatemala recibió su primer planeo de deportación procedentes de Estados Unidos que transportan inmigrantes de terceros países.
La seguridad de algunos de esos países ha sido un punto de controversia. Los críticos han señalado que los deportados podrían carear condiciones carcelarias abusivas o una desliz de conveniente proceso en países como Sudán del Sur, donde el Área de Estado de Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos que no viajen por temor a un conflicto armado.
Los abogados de cinco hombres deportados a Eswatini ya han afirmado que los han encarcelado y les han inútil audiencias legales.
Los acuerdos de “tercer país seguro”, por el contrario, son específicamente para solicitantes de orfelinato y están destinados a certificar los derechos y el bienestar de los involucrados.
Pero los críticos han argumentado durante mucho tiempo que no garantizan plenamente la seguridad de los solicitantes de orfelinato, algunos de los cuales son expulsados a países cercanos a aquellos de los que huyeron, donde aún podrían ser vulnerables a la persecución.
Algunos expertos en derechos humanos además creen que los acuerdos de “terceros países seguros” podrían estilarse para escoriar la adhesión al derecho internacional humanitario, permitiendo a países ricos como Estados Unidos eludir sus responsabilidades legales en torno a los solicitantes de orfelinato.
En la enunciación del lunes, Belice buscó disipar cualquier incriminación de que la empresa Trump podría estar utilizando a la nación centroamericana como “vertedero”para los inmigrantes, como han alegado defensores en otros terceros países.
Belice afirmó que mantenía “un veto total sobre las transferencias, con restricciones de país, un coto para los transferidos y controles de seguridad integrales”.
“A ninguna persona que se considere una amenaza para la seguridad pública o la seguridad doméstico se le permitirá ingresar o permanecer en Belice”, agregó.
El acuerdo aún necesita la aprobación del Senado de Belice.
Una tendencia creciente
Por su parte, la empresa Trump ha argumentado que los acuerdos con terceros países son necesarios en los casos en que los migrantes y solicitantes de orfelinato no pueden regresar a sus países de origen.
En el caso de los solicitantes de orfelinato, sin requisa, sería una violación del derecho estadounidense e internacional devolverlos a países donde podrían carear persecución.
Aún así, en otros casos, Estados Unidos ha argumentado que los países de origen de los deportados se han inútil a aceptarlos.
Pero los acontecimientos recientes han puesto en duda ese fundamento. En septiembre, por ejemplo, un hombre deportado de Estados Unidos a Eswatini fue enviado de regreso a su país de origen, Jamaica.
El planeo de deportación de este mes a Guatemala además vio a pasajeros hondureños regresar a su país de origen.
Algunos países, sin requisa, tienen políticas que se niegan a aceptar deportaciones desde Estados Unidos, incluso si esas transferencias involucran a sus propios ciudadanos.
Venezuela, por ejemplo, ha rechazado intermitentemente vuelos de deportación desde Estados Unidos, aunque en marzo cambió de rumbo y comenzó a aceptarlos.
Los sudamericanos habían protestado por la deportación de sus ciudadanos de Estados Unidos a El Salvador, donde más de 200 personas fueron enviados ese mes a una prisión de máxima seguridad conocida como Centro de Internamiento Terrorista (CECOT).
en juliola empresa Trump llegó a un acuerdo que permitió que los venezolanos encarcelados en El Salvador fueran devueltos a su país de origen, a cambio de la manumisión de ciudadanos estadounidenses y prisioneros políticos detenidos en Venezuela.
Pero las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se han deteriorado una vez más, dejando poco claro el futuro de los vuelos de deportación a Caracas.
Mientras Belice enfrenta la perspectiva de aceptar solicitantes de orfelinato que no pueden regresar a su país de origen, algunos políticos ya han expresado una musculoso concurso.
Tracy Taegar Panton, líder de la concurso en Belice, cuestionó si su país debería siquiera calificarse como un “tercer país seguro”.
“Para ser designado ‘Tercer País Seguro’, Belice debe demostrar que puede certificar la protección de los derechos humanos y convidar un stop nivel de atención, incluido el entrada a vivienda, atención médica, representación permitido y servicios sociales para los solicitantes de orfelinato”, afirmó. escribió en las redes sociales.
“La verdad, sin requisa, es cruda. Nuestros sistemas de inmigración y orfelinato carecen de personal, fondos y están abrumados”.
Añadió que el acuerdo estaba más allá de la capacidad del país para cumplirlo.
“Belice no puede ni debe ser utilizado como un vertedero de personas que otros países se niegan a aceptar”, afirmó.
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